¿Cuál es tu mirada acerca de los últimos sucesos del Ecuador?
Entre el 3 y 13 de octubre, en Ecuador se dio una revuelta indígena y popular. Aunque el paro fue una respuesta al paquete de medidas económicas de ajuste anunciadas por el gobierno—en especial con respecto a la eliminación del subsidio a la gasolina— en el fondo hay una insatisfacción social que va más allá de las medidas económicas concretas. El paro de octubre debe entenderse en relación con conflictos sociales de fondo, como muestra de que en nuestro país no existe un consenso sobre el modelo económico que debe remplazar a la propuesta del socialismo del siglo XXI –modelo que también falló--, pero sobre todo, que tampoco existe un consenso sobre cómo convivir entre diversos, o de cómo entender un Estado plurinacional. Creo que la lectura va en ese doble registro, de elementos explicativos que tienen que ver con contextos más inmediatos, y otros que apuntan a temas más estructurales.
En lo más inmediato, el paro fue una expresión de conflicto social por la insatisfacción con las medidas económicas. Empezó con un paro de transportistas pero se prolongó con el llamado del movimiento indígena, al que se sumaron varios sectores: estudiantes, trabajadores, campesinos, organizaciones feministas, sectores populares, etc. El paro derivó en actos de violencia de una intensidad no vista en las manifestaciones de las últimas décadas, entre los que protestaban, pero, sobre todo y de forma preocupante, en la reacción represiva de las fuerzas militares y policiales (1192 personas detenidas, ocho personas fallecidas y 1340 personas heridas, según datos de la Defensoría del Pueblo, al 16 de octubre). El movimiento indígena logró que el gobierno derogue el decreto y se abran canales de discusión sobre las propuestas económicas.
En cuanto a los temas más estructurales y de raigambre histórica, en América Latina el modelo económico capitalista (sea en sus variantes neoliberales o neo-desarrollistas) sigue profundizado la inequidad que caracteriza a la región. Junto a ello, la ampliación del modelo extractivista ha acarreado procesos de despojo y graves afectaciones sociales y ambientales en territorios de poblaciones originarias, pueblos afrodescendientes y campesinos mestizos pobres, y la intensificación de procesos de criminalización ante la protesta social y resistencia desde los territorios. La caída del precio de las commodities, en especial del petróleo desde 2014, y un alto endeudamiento, han resultado en una contracción de la economía ecuatoriana, y ahora se buscar reeditar recetas de ajuste que conllevan un gran coste social, y que se pretendieron implementar sin haber tenido un diálogo con amplios sectores de los movimientos sociales y las poblaciones que serían más afectadas por dichas medidas.
Sin embargo, el tema no es solo económico, sino que devela fracturas étnico-raciales y de clase que no se han zanjado, a pesar de la legislación y políticas de multiculturalidad y plurinacional de las constituciones de 1998 y 2008. No hemos aprendido a convivir con la diferencia. El temor de la población mestiza a los “indios” es sintomático de ello. Parece ser que nos encontramos presenciando una reconfiguración de la formación racial, y que tras un poco más dos décadas de política multicultural (por ejemplo, reconocimiento constitucional de derechos colectivos), estamos transitando hacia un momento de racismo recalcitrante. El paro suscitó reacciones que recuerdan discursos decimonónimos sobre los indígenas como “salvajes”, con el miedo de la ciudad “mestiza” ante el supuesto asedio e “invasión” de indígenas. Estos comentarios dan cuenta también de cierta topografía simbólica donde, como sostuvo un presidenciable guayaquileño, los indígenas deben volver “al páramo”—expresión que muestra esa noción del indígena como perteneciente al espacio rural serrano, cuando en realidad la población indígena ecuatoriana habita en toda la geografía urbana y rural del país, con importantes poblaciones en Guayaquil y Quito.
Otro aspecto recurrente consiste en negar o minimizar la agencia de los indígenas, atribuyendo su actuar a la supuesta manipulación de otros grupos. En este caso, se habla de un acto concertado por sectores correistas, como parte de un plan regional de desestabilización, que buscaban el derrocamiento del presidente Moreno. Aunque esta teoría pueda explicar ciertos episodios concretos (la quema de la Contraloría, el ataque a medios de comunicación), no da cuenta del total del fenómeno social del paro. Sin negar que pudieran existir agendas infiltradas, la protesta de octubre va de la mano con demandas tanto del movimiento indígena como de otros sectores sociales que no han encontrado eco ni en la anterior administración, ni tampoco en el gobierno actual. Me referiré con más detalle a las demandas del movimiento en la próxima pregunta. Pero cabe reiterar el paternalismo que implica negar el pensamiento y accionar propio a los pueblos indígenas y caracterizarlos equivocadamente como manipulados.
También se debe considerar la manera en que incide el tema de la violencia directa en los discursos sobre el racismo. Por un lado, mucha gente de Quito se sintió vulnerada por las manifestaciones. Sin embargo, comunidades en zonas de actividades extractivas en Ecuador han tenido que enfrentar desalojos forzados y otras formas de violencia directa en territorios indígenas, en especial en la Amazonía sur. Además, en el 2015 se dieron eventos de represión muy fuerte en las movilizaciones sociales de agosto de ese año, con procesos de criminalización y judicialización que afectaron a muchos dirigentes y miembros de comunidades y organizaciones indígenas y afroecuatorianas. Tal parece que solo preocupa cuando la violencia llega a las puertas de la ciudad “mestiza”, lo cual nos habla de que algunas vidas y los cuerpos de ciertas personas importan y valen más que los de otras, en una sociedad de develadas jerarquías étnico-raciales. Todos estos eventos nos llevan a pensar que la introducción del reconocimiento constitucional del Ecuador como un estado plurinacional se ha quedado en el papel, y que queda un largo trecho por recorrer en la búsqueda de una sociedad que reconozca la deuda histórica que mantiene con las poblaciones originarias y los grupos afrodescendientes, y la estrecha conexión existente entre la inequidad y la diferencia étnico-racial.
Nos gustaría conocer tu percepción sobre la lucha indígena en Ecuador: se puede hablar de un movimiento indígena unificado, existen heterogeneidades en su interior?. Y, en esa misma línea: cuáles son los principales reclamos indígenas?. Porque, siguiendo las noticias, existe una reacción frente a las políticas neoliberales y los acuerdos con el FMI (lo que es tomado por distintas agrupaciones de izquierda y progresistas latinoamericanas como una bandera) pero también vimos que la población indígena parece estar a la vanguardia de la lucha y a veces desde una mirada política clásica, más “modernizante” tal vez, no llegamos a comprender cuáles son las particularidades de las poblaciones indígenas y en ese sentido nos gustaría saber, por ejemplo, cómo coexisten junto a otros sectores en lucha: clase obrera, estudiantes, mujeres, etc.
Comenzaré refiriéndome a la parte de la pregunta sobre la heterogeneidad al interior del movimiento indígena. Por supuesto que existen heterogeneidades, como en cualquier grupo social. Nótese que a los mestizos no se les exige que presenten siempre un frente común. Existe mucha diversidad, por la proveniencia regional (amazónicos, de la Sierra, de la Costa), por género, por clivajes de clase, por experiencias migratorias, por su afiliación étnica a 14 pueblos y 18 nacionalidades, muchos de los cuales tienen su propia lengua, etc. Asimismo, el movimiento está compuesto por tres grandes organizaciones nacionales: la CONAIE, la FENOCIN y la FEINE, que no siempre actúan en coordinación y cuyas agendas coinciden parcialmente, pero que sí actuaron de manera conjunta en el paro de octubre. En la sociedad ecuatoriana, sin embargo, existe un profundo desconocimiento de estas heterogeneidades.
Las luchas y las propuestas del movimiento indígena de alguna manera desbordan las reivindicaciones puramente étnicas y particulares, y más bien apuntan a otro tipo de organización del Estado y la sociedad. Esa es la complejidad del reclamo indígena, que parece poner a la defensiva al privilegio mestizo. Por una parte, está el rechazo al modelo extractivista y a la agresiva ampliación durante la última década de las fronteras petrolera, minera y agroindustrial, que afecta a los territorios y con ello a la reproducción material y cultural de varias comunidades, y directamente a sus vidas. La lucha por los territorios, por tanto, implica una contradicción directa con las actividades en las que se basa el modelo económico—un modelo económico que va profundizando la pobreza, depreda la naturaleza , y no respeta la vida humana y no humana. El cuestionamiento de un modelo que concentra la riqueza está en la base del rechazo al tema de la eliminación de subsidios, y de la búsqueda de una política económica y tributaria más equitativa y atenta a los temas de desigualdad social. En este cuestionamiento, el movimiento indígena coincide con otros movimientos sociales y da voz a otros grupos no organizados (campesinos, obreros, microempresarios, trabajadores autónomos, estudiantes, mujeres populares, profesionales, jóvenes, pueblos montubios y afrodescendientes, etc.).
De igual manera, el movimiento indígena está reivindicado derechos que deberían ser básicos en las sociedades diversas que nos caracterizan: un mínimo respeto a sus formas de organización, a la posibilidad de tener un sistema educativo propio, a sus sistemas de medicina ancestral, a sus formas de resolución de conflictos, a sus lenguas, etc. Sin embargo, la reivindicación no solo consiste en afirmar la identidad propia frente a una sociedad que, por mucho tiempo y todavía, denigró o a lo mucho intentó asimilar lo indígena a la constitución de la nación bajo un ideal mestizo. La propuesta de interculturalidad y plurinacionalidad implica pensar en cómo crear una sociedad verdaderamente democrática y verdaderamente participativa. Por tanto, no es solo un tema de reconocimiento de la identidad propia, sino que ello implica el cuestionamiento a una sociedad excluyente y que no da espacios para la construcción de lo diverso. Entonces, la agenda indígena incluye temas indígenas así como temas nacionales, al igual que temas de reconocimiento tanto como temas de redistribución, en el marco de la búsqueda de otros modelos alternativos de sociedad y de estado más inclusivos. Plantea un proyecto político que cuestiona una sociedad basada en desigualdades económicas, que van de la mano de desigualdades étnico-raciales.
En tu carrera profesional cuentas con experiencia en al campo de la antropología aplicada. Sería interesante que nos hables de esas experiencias: qué puedes decirnos desde lo personal y lo profesional y cuánto crees que la antropología puede aportar en ese campo (si es que crees que puede aportar algo).
Creo que los sucesos que hemos vivido en América Latina en estos últimos meses y en Sudamérica desde octubre, nos demuestran la gran relevancia de la antropología. Resulta preocupante que estemos presencia importante manifestaciones de racismo abierto en países como Ecuador o Bolivia. Podría ser que luego de ciertos avances –aunque modestos- en términos de multiculturalismo y plurinacionalidad, estemos a la puerta de un período de racismo recalcitrante y de rearticulación de un proyecto de nación mestiza excluyente. La antropología puede, y debe realizar en este contexto, aportes hacia sociedades más incluyentes.
Muchas veces, la sociedad ecuatoriana no sabe lo que hace y en qué puede contribuir un antropólogo y creo que es necesario tener un perfil público más alto. Sin embargo, las y los colegas en Ecuador han estado trabajando en varios frentes del quehacer profesional. Varios trabajan en proyectos de desarrollo social tanto gubernamentales como financiados con cooperación internacional. Un ejemplo paradigmático de hace varios años fue el proyecto PRODEPINE, realizado con el Consejo de Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Ecuador (instancia que fue disuelta durante el anterior gobierno). Otros colegas han influido en políticas públicas, por ejemplo en relación a políticas hacia pueblos y nacionalidades. Destaca el caso de la creación de una zona intangible para pueblos en aislamiento voluntario (cuya extensión se vio afectada en el gobierno actual). En muchos casos, las y los antropólogos han seguido la tradición latinoamericana de la investigación-acción participativa, por ejemplo en la labor de colegas antropólogas feministas. Por tanto, las y los antropólogos trabajan en varios niveles y en instituciones públicas como privadas, tanto como profesionales como realizando acompañamiento o participando en movimientos sociales.
Ha circulado un documento de académicos manifestándose en apoyo a los distintos sectores en lucha, ¿cuál es el rol que la antropología y las ciencias sociales ocupan en el Ecuador respecto a compromisos con luchas sociales?
Aunque la antropología ecuatoriana también es heredera del indigenismo, y de estudiar las características culturales y socioeconómicas de los pueblos indígenas para un posterior uso de dicha información para la integración de las comunidades en relación a los bienes y servicios públicos básicos, desde principios de los años noventa, con varios levantamientos indígenas en esta época contemporánea, las y los colegas han adoptado un discurso y práctica de ser aliados a los esfuerzos de los pueblos indígenas. Varios colegas han trabajado en el ámbito del reconocimiento legal (constitucional y de instrumentos internacionales) de los derechos colectivos y su implementación práctica en iniciativas de pluralismo jurídico, salud intercultural, educación bilingüe, entre otras. En menor medida, otros colegas trabajan con pueblos afroecuatorianos, y también en relación con organizaciones de derechos humanos. En esa línea, por ejemplo, el Colectivo de Antropólogas en Ecuador ha realizado acompañamiento en casos legales y elaboración de Amicus Curiae para varios procesos que han afectado de manera negativa a pueblos y personas indígenas. En los últimos años, las y los antropólogos vienen denunciando graves faltas a los derechos individuales y colectivos en territorios indígenas, afroecuatorianos y de campesinos empobrecidos, que se han visto afectados por procesos extractivistas. Asimismo, varias colegas trabajan apoyando y participando en el activismo feminista o en proyectos que tienen que ver con la relación entre el medioambiente y las comunidades, sean urbanas o rurales. Nos encontramos en un momento de grandes retos ante las fracturas y malestar social, y en este contexto, la antropología debe aportar a las luchas por la justicia social
María Moreno es licenciada en Antropología por la Universidad Católica de Quito. Realizó una maestría de antropología con enfoque en estudios del desarrollo y un doctorado en antropología en la Universidad de Kentucky. Su trayectoria profesional su mi interés académico se han centrado en el trabajo con pueblos indígenas, en temas de desarrollo, y en las áreas de raza, etnicidad y género. Participó recientemente en una investigación sobre luchas antirracistas en cuatro países de América Latina (Ecuador, México, Colombia y Brasil, proyecto LAPORA). Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Sociología y Género en Flacso – Ecuador
Defensoría del Pueblo conforma Comisión Especial para Transparentar Vulneraciones de los DD.HH. en las protestas en Ecuador. Diario El Comercio. 16 de Octubre de 2019. https://www.elcomercio.com/actualidad/defensoria-comision-especial-protestas-victimas.html.
