. Me tomé el trabajo de buscar y repasar las versiones taquigráficas de distintas audiencias llevadas adelantes en la Legislatura en diferentes períodos. Pude acceder a versiones de gestiones anteriores y a otras sesiones efectuadas durante el gobierno actual. Algunas me fueron facilitadas por los viejos delegados zonales y otras pude buscarlas en publicaciones de boletines oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estas sesiones especiales en las que se discutía el problema de la traza eran espacios de discusión a los que vecinos previamente anotados podían asistir. Allí se discutía aspectos centrales como la sanción de la Ley 324 como también posibles modificaciones posteriores tales como el monto de los créditos o las cuotas de las viviendas sociales, por ejemplo. Pero algunas reuniones eran organizadas a pedido de los vecinos frentistas preocupados por el uso del espacio público.
Anteriormente
señalé que no hay una demarcación física que estructure un adentro o un afuera.
Sin embargo ser o no de la traza implica posicionamientos políticos y
representaciones sociales muy fuertes. Lo ilegal y lo legal se expresan en este
sentido. Ser un ocupante no es haber adquirido legalmente una vivienda. En una
de las audiencias públicas que tuvo lugar luego de la sanción de la Ley 324 un
vecino frentista manifestó su preocupación por el valor de su propiedad:
“no puede ser que desde el año ’80 nuestras propiedades
están cada vez más devaluadas, si yo hoy quiero vender mi casa, tengo que
venderla por lo menos al 50% de lo que vale en realidad. Queremos recuperar
nuestro barrio subastando los terrenos expropiados y utilizando los
fondos para mejorar el barrio y solucionar el problema habitacional de los
ocupantes de la traza de la AU3, sin olvidar nuestros derechos como vecinos”[1]
La expresión de este vecino manifiesta por un lado
una preocupación muy presente entre los propietarios y es lo que consideran un
devalúo del precio de sus propiedades debido a la presencia de la Traza. Por
otro lado una división entre “ocupantes” a quienes hay que solucionarle el
problema habitacional y los “vecinos” con derechos que no deben ser olvidados.
Lo legal y lo ilegal se hace presente en la concesión de derechos al mismo
tiempo que es una forma de legitimarse, por parte de los vecinos de la traza y
ser reconocidos como tales para lograr ser encuadrados como sujetos con
derechos. Pero también la figura de la legalidad representa tensiones al
interior de los grupos. En una asamblea actual de vecinos que todavía pugnan
por lograr una solución definitiva, un vecino dijo:
“yo creo que nosotros
tenemos que dejar de llamarnos ‘ocupantes’. Nosotros somos inquilinos del
Estado. Eso nos reconocería más legalidad y nos da más armas para pelear. Yo
por mi parte no me identifico como ocupante, yo digo que le alquilo la casa al
Gobierno de la Ciudad, soy un inquilino”
En ese momento tomó la palabra rápidamente Susana,
una integrante de la mesa de delegados del Sector 5:
“¿¡Pará José, de qué estás
hablando!?. No somos inquilinos ni yo, ni vos ni nadie. Somos ocupantes. Si acá
ninguno paga ABL, ni el agua. Además tampoco le pagás un alquiler a nadie, ¿o vos
tenés un contrato acaso?. Nosotros hace rato que la venimos peleando como
ocupantes porque todos nos metimos más temprano o más tarde y hemos logrado
reconocimiento de derechos como ocupantes porque todos tenemos derecho a la
vivienda, no somos menos por eso”
Mientras se daba esa discusión, recordé las palabras
de Graciela cuando me dijo: “yo siempre pagué el alquiler, no me metí de prepo,
yo tengo más derechos”.
La noción del pago produce efectos simbólicos que se
traducen en los propios sentidos de pertenencia de las personas y, por
consiguiente de la adjudicación de derechos. La categoría de ilegal tiene
cargas negativas para algunas personas de la traza lo que se observa tanto en
las caracterizaciones que prevalecen sobre vendedores de drogas como en las
representaciones sobre la propiedad. El concepto de propiedad asociado a los derechos repercute de diferentes maneras
en las percepciones de un grupo. Sin embargo a los ojos de muchos frentistas la
conformación del grupo significa lo mismo: personas que viven al margen de la
Ley y cuyos derechos se asocian con la posibilidad o no de hacer uso de la
espacialidad urbana: “La verdad, no los entiendo. Con esto no digo que no quiero
que no tengan su casa. ¡Pero
están hablando de Capital Federal!”.[2]
Las oposiciones entre
lo legal e ilegal suponen la puesta en marcha de sentidos de pertenencia. Ser o
no “un ciudadano con todas letras porque pago mis impuestos”[3]. Oposiciones
que también se manifiestan al interior del propio grupo y las formas de
reconocerse: “yo soy inquilino”vs. “yo soy ocupante y tengo derechos”. De la
misma manera se expresan en el derecho a la Ciudad: tener su casa pero no en la
Capital Federal
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